¿Para qué sirve una televisión pública, esto es, un medio de comunicación de titularidad estatal o autonómica que sufragamos los ciudadanos? A la vista de la realidad cotidiana de la práctica totalidad de las existentes en este país –salvo alguna excepción muy puntual- está uno tentado de responder que para nada en absoluto, más allá de ofrecer un lienzo económico a imagen y semejanza de buena parte de los sectores productivos en este país: estructura anquilosada con enormes diferencias de la cúspide a los sótanos, concentraciones y subcontratas a la orden del día y predisposición a la sintonía con los poderes públicos. Pero la respuesta a la pregunta que abre este escrito está bien visible, en todos los casos, en la exposición de motivos de las leyes que hicieron posible su existencia. En el caso de la televisión pública extremeña, también. Y no está de más recordar que Canal Extremadura TV y Radio se crearon, y cito textualmente, como “instrumentos fundamentales para facilitar la participación de todos los extremeños en la vida política, económica, cultural y social de Extremadura, así como servir de cauce para potenciar las peculiaridades del pueblo extremeño y el afianzamiento de la identidad extremeña, a través de la difusión, conocimiento y desarrollo de los valores históricos y culturales en toda su variedad y riqueza como base para el desenvolvimiento pleno de los derechos y libertades de los extremeños”. La redacción de este párrafo, enfrentada a la gestión y programación de ambos medios públicos durante sus ya dos años de existencia, podría incluirse en un diccionario como equivalente a la definición de la palabra sarcasmo. Más allá de la socarronería de esta aseveración, no cabe duda de que se trata de un asunto preocupante, dado el coste elevadísimo –más aún si incumple sus funciones- que supone un medio televisivo para una Comunidad como la nuestra, con el acento siempre en la pobreza pese a los inusitados esfuerzos del poder autonómico para convencernos de nuestra holgura. Tras dos años de actuación, el medio público ha alcanzado el dudoso mérito de enfriar el entusiasmo de la población extremeña por disponer de un canal autonómico propio, apareciendo como un escaparate completamente alejado de los extremeños, de sus satisfacciones y de sus preocupaciones. Objetivamente inútil. Una situación, al cabo, coherente con la obsesiva fortaleza en que los gobernantes extremeños están convirtiendo los espacios públicos e incluso privados de convivencia y comunicación, cuando las teorías ilusorias y pagadas con generosos fondos públicos se oponen con brusquedad a la realidad social y creativa, auténticamente precarias.Un capricho de televisión, costosísima en lugar de austera; una televisión caprichosa, pueril y lejana. Ese es el triste logro de veinticuatro meses de consignas. Vayamos por partes. Decía Demócrito que el arte y la sabiduría eran cosas inaccesibles para quienes nada habían aprendido. Y en esta deliciosa sentencia se encuentra la primera piedra sobre la que la televisión pública extremeña ha edificado su momentáneo (y probablemente perenne) fracaso: la falta de autonomía del medio con respecto al poder político. Su gestión, su dirección, su producción y sus responsabilidades de informativos y de programación quedaron desde un principio en manos de personas en absoluto adecuadas para hacer cumplir los exigentes principios de la exposición de motivos citada en la ley. Las carencias profesionales, que acaban saliendo a la luz como la gravedad atrae a un piedra lanzada al aire, y las peculiares trayectorias de los elegidos (personas apegadas al poder desde cargos de representación corporativa o siempre vinculadas a un insignificante ejercicio de comunicación institucional, carentes en todo caso de un perfil técnico y específico adecuado a lo exigente de sus funciones: es decir, aficionados afines) dejaba bien a las claras no tanto una elección errónea como una estrategia política de control que, lamentablemente, viene dada como una condición por el enquistado funcionamiento de los medios públicos en este país, abonados a esta miserable concepción del servicio público concebido como prestación disciplinada –a escote entre los ciudadanos- al gobierno de turno. Con toda vulgaridad, pues, la televisión extremeña adquirió, para pasmo de los ingenuos y solaz de los desconfiados, un perfil bien reconocible desde el primer día. Al respecto, las funciones de comisariado político de los altos cargos del medio con respecto a los contenidos han vivido sus situaciones más penosas –dignas de una antología de la manipulación solo pareja a los niveles de ausencia y sumisión alcanzados por las principales cabeceras extremeñas, de las que no azarosamente provenían unos y otros responsables del CEXMA- en aquello que ha tenido relación con el gran tabú de los veinticinco años de gobierno socialista: el proyecto de Refinería Balboa en Tierra de Barros, lamentablemente –según sus criterios- coincidente en el tiempo con el inicio del medio. Por citar algunos ejemplos puede recordarse como se vetó un debate acerca de este particular en un programa -de producción ajena a la casa- para impedir la presencia de la oposición ciudadana al proyecto petroquímico. El resto de participantes enfrentados al invento de la familia Gallardo se solidarizó con los vetados por la dirección del medio no acudiendo a la cita y dejando bien a la vista los plumeros de la televisión pública y la productora plegable. Para entonces, los episodios de la serie “El lince con botas” relativos a los efectos sobre la salud de las partículas contaminantes y al propio proyecto refinero se hurtaron a la audiencia, en alguno de los casos justificando la medida en ¡criterios de proximidad! –tratándose de una televisión pública que oferta sin rubor largometrajes de acción norteamericanos, dibujos animados japoneses, series latinoamericanas o programas de humor producidos en las antípodas-. De hecho, la serie íntegra –presentada en su día como referente de la calidad a perseguir por el canal- se suspendió tras haber sido perjudicada a conciencia en horarios y frecuencias de emisión por decisión del medio –el director de CEXMA lo reconocería en la Asamblea, según demuestran las actas-. La causa de la supresión, como nunca han llegado siquiera desmentir, fue el empeño de algunos de sus autores –como quien esto firma- en denunciar el flagrante incumplimiento de la ley desde el medio público, incluida la aplicación de una condenable censura.
En el caso de los informativos elaborados por el canal público con el proyecto petroquímico de por medio, dos casos bien evidentes de contenidos tan anímicamente transparentes como desnudos de integridad profesional: en la fecha electoral de mayo último y con motivo del programa especial propuesto para la audiencia, no se citó en momento alguno el caso refinero… hasta el preciso momento en que se conocieron los resultados en Villafranca de los Barros, instante en que se trató el tema de modo amplio y desde una perspectiva hiriente para la objetividad periodística: amén de la euforia incontenible de los conductores e informadores del programa ante los aparentemente flacos resultados de la agrupación de electores Ciudadanos de Villafranca, se llegó incluso a mostrar en pantalla un gráfico comparativo con los resultados de la anterior elección (en 2003) en el que se incluía dicha agrupación ciudadana -¡que se había creado durante el propio 2007!-, y que desde luego concurría por primera vez a las urnas. El último desliz al respecto fue el tratamiento magnificado de un informe encargado a profesionales de la UEX por el propio Grupo Gallardo, a todas luces inclinado, tanto el propio informe como la apariencia de la información, a satisfacer al cliente. Obviando lo notorio del significativo hecho de ser una certificación interesada y enviada a las ondas como una primicia sensacional, el titular que abría la información no dejaba lugar a la duda respecto a su catadura periodística y científica: “La refinería no afectará a la agricultura”, decía, basándose en una experiencia a todas luces insuficiente, pues se contrastó uno -¡uno!- de los cientos de elementos que vierte a la atmósfera una planta industrial de estas características. Frente a ese dato, la evidencia de la destrucción agrícola que cualquiera puede comprobar, simplemente, viajando a las comarcas en que existen refinerías.
Aún hay más. En otro alarde de ligereza, la empresa pública CEXMA ha servido como pocas de ejemplo de esa predilección por el favoritismo que tanto daño hace a la competitividad y la honestidad en este Estado: el hijo de su director general obtuvo la mejor puntuación en una oposición en la que su padre actuaba como juez y parte: el fin de la historia fue la dimisión del hijo y la continuidad del padre; el director de la televisión incluyó a un familiar en un cargo de influencia de la sociedad pública; la contratación de un gerente coincidió con el desembarco de una productora ajena a la Comunidad en la que asumía responsabilidades su propia pareja, empresa cuya actividad para el canal continúa a día de hoy. El director de la Filmoteca pública cedió ésta a una empresa privada para servir de plató a un programa que emplea a su propio hermano como presentador. Y también el director de Fundecyt de la propia Junta comprueba cada mañana como la productora de su hermano, anteriormente una editorial multimedia con apenas experiencia previa, es una de las principales suministradoras de contenidos audiovisuales al medio. Y así, hasta contar mil.
En cuanto a la parrilla, los continuos bandazos en la orientación de las propuestas y los formatos han contribuido a desorientar al espectador, llegando a una estructura calcada del resto de emisoras y basada en los tópicos más rancios. La programación se forja a base de subproductos, la inmensa mayoría comprados a grandes distribuidores, consolidando el aspecto de franquicia de una televisión presuntamente original, que debía servir, también según la ley, al desarrollo del sector audiovisual extremeño. Los programas producidos expresamente para el canal se han estrenado -y extinguido- según criterios particulares de personas que han usado la nula fiscalización de sus funciones y decisiones, y la confianza de sus superiores, como trampolín para elevar su ego e intimidar al sector, que se ha rendido ante las circunstancias. Un contexto desolador que no en vano han contribuido a crear y extender a través de un instrumento asociativo de empresas ingeniado y financiado directamente desde la Presidencia de la Junta y cuyo silencio ha resultado tan clamoroso como su incapacidad para vertebrar una línea de actuación más justificable.
Como ya escribí hace doce meses, Canal Extremadura TV “no ha intentado siquiera sacudir esa estética tópica, y nació, como modelo a imitar, vieja o viejo. La imaginación que cabía exigirle a una televisión nueva -y austera, lo que según reza el refranero debería estimularla- brilla en general por su ausencia”. El tiempo pasa y la percepción empeora: apenas un 4% de la audiencia se plantea enfrentarse a diario al canal público, en lo que supone un mayúsculo fracaso habida cuenta del contexto, una Comunidad relativamente virgen de oferta y ansiosa de contenidos próximos. Contexto que explicó el poco sorprendente éxito del experimento Canal Sur Extremadura, oportunidad malgastada por Canal Extremadura TV-. Sin duda, en una televisión pública los niveles de audiencia no han de ser el principal objetivo. Sin embargo, en su gestión los responsables de este medio se han empeñado, precisamente, en emplear los más banales recursos a su alcance para intentar ganarse al público. El resultado es escandalosamente ridículo, pese a haber invertido recursos en ofrecer programas denigrantes, filmes hollywoodienses, algo de violencia extrema, o programas inclinados al tópico más ruin. Sin haber conseguido aún captar espectadores en el escenario analógico, el apagón de 2010 llevaría al modelo televisivo extremeño actual, en competencia con una oferta amplísima y gratuita, a márgenes aún más residuales. Lo cierto es que probablemente un modelo más ingenioso y coherente con los criterios de programación exigidos (recordemos: la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones; el respeto al pluralismo político, social, cultural, religioso; la promoción de los valores históricos, culturales y educativos del pueblo extremeño en toda su riqueza y variedad o la separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y la libre expresión de las mismas, entre otros) habría obtenido, sin duda, niveles de audiencia muy superiores. Obteniendo además una consideración social como referente y desde luego, creando una muy diferente perspectiva para las capacidades de los profesionales extremeños a la hora de hacer o inventar televisión. En el futuro digital, sólo podría salvarla una personalidad de la que en la actualidad carece.
Me remito de nuevo, pues aún es una apreciación válida, a mi escrito “El emperador está desnudo”, publicado en medios alternativos hace ahora más de un año. “Todo depara un escenario bien conocido entre los frecuentadores de las televisiones públicas, al que hemos llegado en Extremadura por la vía rápida: control político de los contenidos; mirada eminentemente casposa sobre la sociedad; apropiación de los criterios de lo que a ella interesa; compra de voluntades y dominio político entre las empresas afines del sector; prepotencia en las relaciones mercantiles y represalias hacia terceros que no se someten a sus criterios. Cohesión en las filas de los trabajadores del medio mediante la selección dirigida, la orientación en consignas y la creación de universos paralelos de bienestar en los que no cabe la réplica a la autoridad de los superiores, agitándose para ello el miedo a la precariedad en la que subsiste el resto de la profesión en el ámbito privado… A los trabajadores se les incrimina con métodos sutiles, para que hagan su labor sin percatarse de que se arrodillan ante un dios que quizás no han elegido: convenciéndoles de formar parte del avance extremeño hacia la modernidad más aséptica a través de lo políticamente correcto”.
Algo más que añadir, desde entonces: la creación de un canal gemelo llamado “Extremadura TV” para su difusión vía satélite se lleva a cabo pese a carecer del control parlamentario exigible por ley a cualquier medio de comunicación público. El imperativo legal se incumple en este caso. No es el único déficit democrático de medio, dado que a resultas de la no aprobación de los presupuestos por el Consejo de Administración del CEXMA (se requiere mayoría cualificada para ello y no la obtuvieron los presentados por el Director General durante el trámite), Canal Extremadura ha funcionado en un marco al margen de la ley: sin presupuestos. Algo en realidad coherente con el resto de su panorama, dado que la emisora pública incumple de forma sistemática los señalados principios de programación, actúa bajo la imposición de que las actas de los diferentes consejos encargados de su control y asesoramiento no sean públicas por decisión de la mayoría en el gobierno; ni sean tampoco conocidos cuántos, ni quiénes, ni cómo, ni en calidad de qué ejercen los empleados en el ente público, dado que tan sólo realizan los informativos, y con las corresponsalías a cargo de empresas privadas. Incluso las autopromociones de la cadena y las retransmisiones deportivas son realizadas por empresas ajenas al medio público. Tampoco se han explicado cuáles son los criterios de contratación de contenidos de producción ajena, que nos dan, por ejemplo, programas monográficos sobre toros. Ni por supuesto se vigilan las subcontratas, que actúan en la mayor precariedad, ni siquiera se ha contemplado a fecha de hoy la inevitable necesidad de fijar el porcentaje de producción propia. Irregularidades supinas que a nadie parecen importar. Como el propio medio público a los extremeños.
Por lo demás, en esas pantallas y en lo que a este articulista toca de cerca, no se programa ni un solo programa, reciente o lejano, de Libre Producciones (que co-dirige un servidor) a consecuencia de escritos y comentarios como este mismo artículo: se da la circunstancia de que el medio dispone de más de 100 horas de episodios de la serie “El lince con botas” –producida por esta empresa- cuyos derechos de emisión sin coste alguno finalizan en 2010. Puestos al tanto el Consejo de Administración y el Consejo Asesor del medio público, aún se espera respuesta a tamaña contradicción entre el disponer de programas ya pagados –y que gozaron de algún crédito entre los espectadores- que no se emiten, y el hecho de optar por rellenar horas de emisión con reposiciones, o lo que es aún más sintomático, con subproductos comprados a corporaciones, tristes rellenos de archivo del más lejano mercader. Convertidos desde el principio sus mecanismos de control en ornamentos colosales a beneficio de inventario, la gestión de un medio público está en manos de un grupo de emboscados que, literalmente, gobiernan el barco bajo criterios testiculares. El problema de la televisión pública extremeña -una más en el fracasado modelo, casi generalizado, de instrumentalización política de las televisiones autonómicas- es que está en las manos que está. En esto se parece a muchas otras empresas públicas. Y me autocito de nuevo: “cuando se decide qué personas han de gestionar un medio público, se decide su perfil y su inclinación. Cuando se razona que lo mejor es elegir a nuestra imagen y semejanza, que sobran los profesionales y más el criterio, que el humanismo no es grado y que bastan cancerberos prepotentes capaces de despreciar cuanto ignoran, se siembra cinismo y se recolecta mediocridad en abundancia. Y un miedo a la palabra que no puede disimularse, y de hecho no se disimula siquiera”. Cuando mantener a toda costa la falsedad es el reto diario, habría que preguntarse cuales son los límites del desvarío. De no comprobarse alguna variación, habría que ir pensando en cuanto costaría deshacerse del enojoso capricho del que nadie parece querer saber nada.
